Con el recorte a las transferencias que en 2001 impulsó el hoy presidente Juan Manuel Santos y con la expedición de los decretos 1850 del 13 de agosto de 2002 y 3020 de diciembre del mismo año, que reglamentaron la jornada laboral y la asignación académica, se redujo la nómina de 330 mil profesores en el año 2000, a 300 mil docentes ahora.
Adicionalmente contribuyeron a dicha disminución la fusión de escuelas y colegios y el plan de racionalización que condujo a la Supresión y redistribución de plazas y empleos de las plantas de personal y a la disminución de la tasa de asignación de personal docente por alumno.
La pauperización laboral se acentuó con la entrega del aparato educativo al sector privado. Bajo los esquemas de colegios por concesión, que entrega para su administración a particulares colegios construidos y dotados por el gobierno local, o con el banco de oferentes, que corresponde a la prestación del servicio público educativo en colegios privados. Con estas modalidades los particulares reciben una financiación estatal de 1’357.508 pesos en promedio por estudiante sin que eso se traduzca en condiciones laborales dignas. Al contrario, la contratación laboral es flexible, al margen de los estatutos docentes, a término fijo y máximo por 10 meses, con negación de las convenciones colectivas de docentes y con salarios inferiores a los del Sistema General de Participaciones.
El recorte de la planta de personal se ahonda actualmente al decidir aumentar la asignación académica de 22 horas semanales a 24 periodos de horas-tiza, así se está disminuyendo el número de docentes que se requieren por institución.
Esta arbitraria decisión tiene dos secuelas: una, que no se tiene en cuenta el descanso de 30 minutos como una actividad pedagógica y, dos, que se viola el decreto 3020 que prescribe que de las 30 horas de jornada laboral a la semana, solo se den hasta 22 de trabajo en el aula para cumplir con los parámetros de profesores por número de estudiantes establecidos por la Ley.
Con esta precarización de la labor magisterial, por cada 11 docentes que asuman 24 períodos semanales, se está reemplazando a un docente. De tal forma que al aplicar esa regla ilegal a los 300 mil profesores, decrecerá automáticamente la planta en 27 mil plazas más. De llegar a ponerse en práctica esta medida a escala nacional, en poco tiempo la nómina de todo el país se reducirá a solo 273 mil plazas.
El aumento de la carga laboral y la disminución de la planta de personal consuman la implantación de la maquila educativa en Colombia. Fecode y los sindicatos de educadores regionales deben convocar a los docentes a la movilización para exigirle al gobierno de Santos y a su ministra María Fernanda Campo, condiciones laborales dignas para los docentes colombianos, como parte de la lucha contra la degradación de la labor magisterial y la defensa de una auténtica educación de calidad.
Por: Maria Antonieta Cano
Bogotá, 7 de septiembre de 2010
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