Los elementos que hacen que la actividad agrícola en un país sea saludable y viable económicamente son, a grandes rasgos, precios razonables de compra de los productos agrícolas, créditos baratos, fuertes subsidios, control de precios de abonos e insumos, y una adecuada protección de la producción nacional vía aranceles. Desafortunadamente el agro colombiano es una muestra de todo lo contrario, lleno de caídas de los precios de los productos agrícolas, de créditos caros, de insumos costosos (la mayoría de ellos importados), de eliminación de aranceles (vía Tratados de Libre Comercio), y de aumento de las importaciones. Todo lo anterior se manifiesta en el estancamiento e incluso en la disminución de la producción agrícola nacional.
La difícil situación del agro colombiano se explica por el rumbo macroeconómico que gobiernos anteriores, y principalmente el actual gobierno, le han dado a la nación en las últimas décadas, en donde la inversión extranjera como variable principal, moldea la economía nacional para su beneficio. Prueba de ello es la prelación que se le da a la extracción petrolera y minera (manifestada en todos los favorecimientos económicos que se dan a las trasnacionales mineras a través de las exenciones de impuestos o las ridículas regalías) por sobre las actividades industriales y agrarias nacionales. Así, poco a poco, el agro colombiano ha dejado de cumplir su función principal en la provisión de alimentos, de materias primas y de consecución de divisas.
En el marco de la globalización la producción agrícola de productos esenciales para la dieta humana (trigo, arroz, maíz, papa, etc.) se ha ido concentrado en pocos países (un ejemplo de ello es que el 70% de la producción mundial de maíz se encuentra en cinco países). En la actualidad, Colombia importa un 55% de esos componentes esenciales cuando podríamos ser completamente autosuficientes. Las producciones pecuarias nacionales (vacas, pollos, cerdos) por cuenta del libre comercio, en particular los TLC firmados con Estados Unidos y la Unión Europea, declinarán su participación en el consumo y comercio interno y correrán la misma suerte.
En contraposición a lo que sí hace Estados Unidos y varios países de la Unión Europea con el aumento de los subsidios para el sector agropecuario (Estados Unidos destinará 90 mil millones de dólares en subsidios y la Unión Europea en su conjunto 150 mil millones de dólares), Colombia reducirá el presupuesto destinado para el agro en un 20% el próximo año.
Para completar el desalentador panorama del agro colombiano, en el marco del TLC con Estados Unidos, se obligará a los campesinos colombianos a pagar onerosas multas si usa o guarda (a sabiendas o no) semillas “patentadas” por trasnacionales como Monsanto o Syngenta, en la ya avizorada intención que algunos expertos sobre el tema han hecho, de ir sustituyendo semillas descubiertas, adaptadas y usadas tradicionalmente por nuestros campesinos, comunidades indígenas y demás, por semillas genéticamente modificadas.
Por las razones expuestas, y por otras muchas, que evidentemente escapan a la brevedad del presente artículo, campesinos, agricultores, empresarios del campo, y demás personas que viven de la actividad agrícola y pecuaria en este país, exigirán al gobierno un cambio de política a favor de la defensa de la producción agrícola nacional, que dignifique la labor de quienes derivan su sustento de estas actividades económicas, para que Colombia inicie el camino de la soberanía alimentaria y de la verdadera prosperidad.
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