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Adolfo Franco, Investigador del CILEP |
Si desde el gobierno se difunde la idea de que la paz se concretiza con la mera desmovilización de los grupos armados insurgentes, las clases gobernantes tradicionales también deberán desmontar realmente sus aparatos armados ilegales implicados en el despojo, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas de líderes sociales, así como en torturas y un largo etcétera de crímenes contra la población de este país. Este narcoparamilitarismo es (y será mientras exista) una barrera terrible y difícil de superar por los pueblos colombianos en el camino de la paz, motivo por el cual, si el gobierno en serio está interesado por mejorar la situación del país y su gente, debe dar, antes que cualquier marco para la paz, sólidos pasos en este sentido, siendo el primero el reconocimiento de la existencia de dichos grupos irregulares (luego de la falsa desmovilización de 2005), su sistematicidad en contra de las organizaciones populares y su histórica alianza con las propias estructuras gubernamentales.