La Reforma a la Ley 30: más de lo mismo pero aún peor - Camilo López Mora

Camilo López Mora

Por Camilo López Mora
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia,
estudiante de derecho de la Universidad Libre
@calopezmo

Tras casi veinte años de la sanción de la Ley 30 de 1992, la situación de la educación superior en Colombia no es la prometida por el gobierno de César Gaviria, y mucho menos la prevista por el pueblo colombiano. Recientemente, la Nueva Ley de Educación propuesta por el gobierno Santos y defendida por su ministra María Fernanda Campo, ha sido presentada como la solución al deficiente estado de nuestra educación, sin embargo no deja de ser más de los mismo pero aún peor.

La demagogia y las mentiras que han caracterizado al gobierno Santos se empiezan a manifestar dentro del sector educativo; sus promesas de mayor financiación no son más que falacias que se evidencian frente a los argumentos y las estadísticas. Su propuesta de mejorar la calidad académica queda oculta detrás de los intereses de incrementar indiscriminadamente la preparación de mano de obra barata para el mercado laboral; y su promesa de una universidad más democrática es negada en la realidad por la composición autoritaria de los Consejos Superiores Universitarios (CSU) por parte del gobierno.

Santos habrá de pasar a la historia por privatizar la educación y entregársela al capitalismo financiero, o por haber sido derrotado en su totalidad por un movimiento estudiantil robusto y consecuente. Esto solo lo dirá la fuerza de los argumentos y los argumentos de la fuerza.

Financiación

En cuanto a la financiación, las universidades públicas colombianas han sufrido un paulatino desfinanciamiento. Mientras en 1990 el 85% del presupuesto de las universidades era asignado por el gobierno, en 2008 solo asignó el 49%. Lo que quiere decir que universidades como la Universidad Nacional de Colombia, que cuenta con un presupuesto anual de cerca de 1 billón de pesos, tiene que buscar por si misma cerca 500.000 millones para poder funcionar. Si lo analizamos por estudiante tendriamos que en 1993 el Estado colombiano invertia por estudiante 5.700.000 pesos bajando notablemente está cifra a 3.700.000 en 2003.

Las universidades en Colombia, bajo la Ley 30, han ido entrando en crisis paulatinamente, como lo demuestra el caso de la Universidad de Pamplona o del Atlántico, debido a que no se han hecho incrementos reales a sus presupuestos y el gobierno les ha obligado a incrementar su cobertura. La Reforma planteada por Santos no resuelve de raíz estos problemas, se menciona que se hará un incremento de 11,1 Billones de pesos en recursos públicos, de los cuales 6.46 serán para la instituciones de educación superior; esto quiere decir que entre cerca de 32 Universidades Públicas, sin contar a institutos técnicos y tecnólogos como el SENA, se disputaran 6,46 Billones de pesos en 10 años, lo cual nos daría por universidad anualmente solamente 20.000 millones de pesos, ¿Es acaso esta una solución presupuestal para las Universidades?

El caso de las universidades privadas

En cuanto a la financiación de las universidades privadas, la Ley 30 dispone que se subsidiaría la demanda, es decir, existirían préstamos para que los estudiantes pudiesen ingresar a la universidad. La entidad designada para dicha tarea sería el ICETEX, que cuenta con financiación del Banco Mundial. Dichos créditos han ocasionado grandes problemas para los estudiantes y sus familias debido al fuerte endeudamiento que adquieren. Actualmente los créditos ACCES, que es la modalidad más común de crédito que ofrece el ICETEX, funcionan de la siguiente forma: mientras el estudiante se encuentran en el período de estudios existe una tasa de interés (1), cuando se sale de la universidad existe un período de tiempo de gracia con una tasa de interés (2), finamente existe un periodo de amortización que suma el capital prestado más los intereses (1) y (2) y a ese total se le cobra un interés (3) que actualmente está en el 12%. Esta forma de cobro es abiertamente injusta ya que termina capitalizando los intereses y haciendo impagable la deuda.

Con la actual reforma, Santos propone un escenario más “benéfico” para los estudiantes argumentando que supuestamente desmontara los intereses (1) y (2), como lo menciona el Articulo 158 de la Reforma. Sin embargo no se ha dicho en cuanto quedará la tasa de interés después del periodo de estudio y lo más lógico es que esta suba ya que los dineros que fueron prestados por el Banco Mundial no pueden perder la rentabilidad provista por esta entidad.

Otro de los puntos que tienen relevancia dentro del aspecto de la financiación es que el actual Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP) cambiará su naturaleza jurídica y pasará a ser una sociedad anónima, poniendo a esta entidad bajo los preceptos del capital privado y no del público, abriendo así un carácter mercantil dentro de la educación. Este ha sido uno de los aspectos que el actual gobierno no ha mencionado y calla por saber la importancia que tiene para sus objetivos de ingresar el animo de lucro dentro del sistema de educación superior.

Cobertura

En cuanto a cobertura el incremento en los últimos años ha sido vertiginoso, ocasionando que muchas universidades hayan excedido su propia capacidad. Las universidades tenían en 2002 a 284.413 estudiantes en pregrado y 14.146 en postgrado, y en 2009 pasaron a tener 473.148 en pregrado y 22.037 en postgrado.

Lo anterior quiere decir que en menos de siete años las universidades públicas duplicaron sus estudiantes con los mismos recursos asignados desde 1993 tal como lo menciona el Art. 86 de la actual Ley de Educación Superior, en la que no se hacen adiciones reales al presupuesto sino simples reajustes por incremento del IPC lo que explica por qué las universidades públicas están quebradas.

El gobierno Santos -al intensificar esa política- busca que se pase de un 37% en la cobertura a un 64% en 2022, con un incremento presupuestal irrisorio de solo 6,46 billones en diez años, que no solo es insuficiente sino deficiente, como demostré anteriormente. Y ese mismo modelo de obligar a las universidades a incrementar los cupos con pocos reajustes presupuestales fue empleado también por el gobierno Uribe ocasionando la quiebra de varias universidades públicas. ¿Acaso las universidades públicas serán ajenas a éste destino con la intensificación de esta política de cobertura sin presupuesto?

Calidad

Los discursos oficiales de calidad de la educación en Colombia no dejan de ser un saludo a la bandera. Según el último sondeo de la OCDE, Colombia está en el puesto 50 dentro de 52 países por su calidad en la educación. Los sistemas de acreditación, que se postularon en el marco de la “revolución educativa” de Uribe, lo único que han dejado es un escenario de estandarización de contenidos y supresión de saberes, recortando el periodo de estudio y fomentando la cuantificación y no la cualificación dentro de los procesos de aprendizaje.

Cada vez es más difícil encontrar instituciones que cuenten con calidad académica, y no es por que no deseen tenerla, sino porque el mismo gobierno se lo prohíbe. Esta Reforma en vez de distanciarse de este modelo en la calidad lo sigue profundizando, ya que según la Ministra Campo, es todo un éxito debido a que tenemos a dos universidades dentro de las 500 mejores del mundo, ¿no es acaso este un saludo a mediocridad?


Democracia, bienestar y autonomia

En cuanto a democracia, bienestar y autonomía la situación es crítica. Bajo la Ley 30 a los estudiantes se les despojó de la posibilidad de conducir los destinos de sus universidades y ha sido el gobierno, junto con el sector productivo, el que han gobernado los claustros educativos desde los consejos superiores.

Santos ha dicho que la actual reforma es democrática pero no modifica la composición de los Consejos Superiores Universitarios, que son el eje nodal de la antidemocracia en las universidades. La autonomía en lo práctico va a desaparecer, de ahora en adelante lo importante no es el desarrollo científico de las universidades sino cumplir con los intereses del mercado, y en especial, de las transnacionales que desangran los recursos de nuestro país. Las aulas van a dejar de ser núcleos de debate, de ahora en adelante serán los conceptos de eficiencia y eficacia los rectores de la academia. Vale la pena preguntarse entonces ¿qué bienestar puede existir si no hay recursos para las universidades? y si será que 630.000 pesos de subsidio a las personas más vulnerables resolverá el problema de la desigualdad social. Esta reforma nos conducirá a ser mendigos y no forjadores de equidad social.


Ánimo de lucro


Finalmente, quisiera mencionar un punto que el gobierno nacional ha mantenido oculto tras sus declaraciones y el tras el gran despliegue mediático: El animo de lucro sí va existir, las universidades sí se van a privatizar y sí se van vender.

En cuanto al ánimo de lucro, no hay que olvidar que esta reforma va acompañada de un TLC que se aprobó con los Estados Unidos y que en su capítulo de Servicios Transfronterizos menciona que llegarán a Colombia las Universidades Corporativas, universidades que tienen un carácter de ánimo de lucro. Por otro lado, la misma reforma menciona, en su Art. 37, que existirán universidades de carácter mixto, es decir, que contarán con capital público y privado, y se regirán por el derecho privado.

Lo anterior quiere decir que las universidades públicas que tengan problemas financieros (en la actualidad la mayoría de las universidades los tiene), podrán recibir ayuda de inversionistas privados. ¿No es acaso este el mismo modelo por el cual han ido privatizando a ECOPETROL y a la ETB bajo la escusa de un “socio estratégico”? En este mismo modelo también podrán entrar instituciones técnicas y tecnológicas, como el SENA, por referirse a todas las instituciones de educación superior.

Toda la reforma está encaminada a ocasionar el quiebre de la universidad pública, y si bien la palabra "privatizar" no se menciona explícitamente, no hay que ser un genio para saber que ese será el objetivo de la Reforma santista.

Este es un momento histórico para el movimiento estudiantil, los desafíos son enormes y la lucha no será sencilla, sin embargo los ejemplos de países como Argentina y Paraguay nos demuestran que si es posible construir un modelo de educación al servicio de la nación y no del capital. Solamente bajo la congruencia y determinación del moviendo estudiantil, junto con otros sectores sociales, podremos dar frente a este nuevo intento neoliberal de arrebatar nuestros derechos. El movimiento en Chile es un ejemplo de esto. Con la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), los estudiantes hemos logrado unificarnos y crear un programa mínimo, algo que no se había visto desde el Movimiento Estudiantil de 1971, y que servirá como pilar para la construcción de un verdadero modelo de educación científico, democrático, público y al servicio de la Nación.

¡¡¡Ya tenemos la fuerza de los argumentos, ahora sólo nos falta demostrar en las calles los argumentos de la fuerza! ¡Digamos NO a la Reforma a la Ley 30!!!